Bajo el título ‘¿Estado de crisis o crisis del Estado?’, el presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, profesor emérito de Economía (UPM), Premio Rey Jaime I de Economía y ex ministro de UCD, ha pronunciado una conferencia, que coincidía con el diagnóstico del FMI, y que por su interés y actualidad extractamos.
España está viviendo en un estado de crisis permanente debido a causas inmediatas, que empezaron en 2007, y a otras que vienen de más lejos, cuando las reformas de los Estatutos de Autonomía, cuando se eliminan los techos autonómicos de gasto, etc.
En opinión del conferenciante, si Ortega pudo decir “no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa”, ahora sabemos muy bien lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, ya que es una cuestión de análisis y soluciones.
El presidente de ANCI analiza la crisis financiera que empezó en EEUU en el verano de 2007, a raíz de las subprime, y critica que aquí, en España, no se valorara su repercusión y no se tomaran medidas, aunque la edificación ya había dado señales de crisis. Estudia la evolución de la financiación total de las Administraciones Públicas, que en 2008 cambió de signo, al pasar de un superávit de 1,9% (en porcentaje del PIB) a un déficit del 4,5%, y que ha derivado en una situación insostenible –la deuda pública se ha duplicado en cuatro años–, que se traslada a la deuda exterior, cuyo termómetro es la prima de riesgo.
En su opinión, la causa principal de este estado de crisis se ha debido principalmente al aumento del gasto público sin límites ni controles, en especial en la Administración Autonómica, y después de felicitar las medidas aprobadas por el nuevo gobierno (reforma laboral, financiera, medidas de austeridad, etc), dice que el ajuste fiscal por sí solo no garantiza el compromiso con la UE y, en cambio, se necesitan medidas de estímulo de la actividad (y del empleo), como ya propugna Bruselas. Estamos sentados sobre varios problemas que es urgente resolver: el saneamiento de las cajas de ahorro, el gasto público, el gasto político, el gasto autonómico y el paro.
Jaime Lamo de Espinosa analiza estas cuestiones urgentes que hay que resolver, haciendo hincapié en la dimensión del Estado, que no se puede pagar; en el abuso autonómico, con redundancias y una desaforada “emulación competitiva” que no logra frenarse y corregirse, al eliminarse el techo de gasto autonómico que había en el 2000. También distingue entre gasto público, necesario para gestionar la res pública, y el gasto político de personas que no son funcionarios, y cuyo número puede situarse en 400.000 personas. Y compara el millón de funcionarios de cuando la Transición –que él vivió en primera persona– con los tres millones actuales, a pesar de las TICs. Para corregir este fenómeno pide al Gobierno que pode –con hacha– su árbol político, como viene pidiendo indignada la calle donde ve una “frustración social” creciente.
Después de comparar el peso económico del sector público, a todas luces insostenible, con los ingresos actuales y que debe adelgazarse, pide un cambio de modelo productivo basado en más capital, más tecnología y más exportador, y menos “estorbos políticos” (en expresión de Jovellanos).
Por otra parte, habla de reconstruir el Estado, aunque sea retocando el aparto legal-institucional, para lo cual pide un acuerdo entre los partidos mayoritarios, una reordenación del sistema autonómico de 17 mini-estados, y la vuelta al mercado único, una reducción del gasto político antes que la del gasto público, para lo que propugna reducir los gastos improductivos y llevar parte de ellos a obra civil en los PGE 2013, cambiar la ley electoral, y, en definitiva, ajustar el tamaño del Estado a la realidad económica actual.
Jaime Lamo de Espinosa termina su conferencia, repleta de datos, hablando de “la intervención” comunitaria y dice que quizás ahora Europa (“un enjambre con un solo vuelo”, según Ortega) sea el problema, aparte del nuestro propio. Por eso avisa del peligro de que seamos intervenidos para que otros hagan (más drásticamente) lo que nosotros no fuimos capaces. Y remata aludiendo a la falta de ética política, pidiendo nuevo espíritu y nuevos valores semejantes a los que animaron la Transición, una clase política que mire más por la Nación que por su estatus.
“Debemos salir de este estado de crisis apostando por reformar aquello que pone en crisis al Estado” y apostando por una política basada en la ética y el servicio a toda España, a la Nación española, como proclamaba ya la Constitución de Cádiz hace 200 años y lo repite la de 1978.
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) es una asociación de empresas constructoras de tamaño mediano o grande, que desarrollan su actividad en todos los subsectores de la Construcción, con preferencia en la contratación pública.
ANCI tiene el objetivo de representar colectivamente a las empresas asociadas y defender sus intereses ante las Administraciones Públicas, tanto nacionales (Gobierno Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales) como internacionales, así como ante todo tipo de instituciones y entidades públicas o privadas.
